La posibilidad estatal de almacenar información genética plantea importantes retos para las ciencias penales, pues las bases de datos de ADN agudizan la tensión entre los principios de libertad, seguridad e igualdad. Lo anterior se acentúa especialmente cuando los Estados tratan de conservar identificadores genéticos de las personas que han sido detenidas policialmente sin habérseles formulado cargos judiciales, o de las que han sido absueltas de toda responsabilidad penal. Esta cuestión ha sido analizada, entre otros, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Estados Unidos y, en ambos casos, han alcanzado conclusiones distintas.
En esta obra se analiza jurídicamente la conservación estatal de perfiles genéticos con fines forenses y se pretende definir un modelo de registro equitativo que garantice los derechos fundamentales. Por último, el texto analiza las distintas legislaciones relativas al almacenamiento de información genética en España, en especial, la reforma del año 2015 al artículo 129 Bis del Código Penal, que estableció la obligación para las personas condenadas por delitos graves de ceder información genética al Estado con el fin de ser insertadas en bases de datos policiales, y ubicó sistemáticamente esa clase de medidas en las consecuencias accesorias a un delito.