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Régimen jurídico del dominio público radioeléctrico

Régimen jurídico del dominio público radioeléctrico

  • ISBN: 9788498365368
  • Editorial: Editorial Comares
  • Lugar de la edición: Granada. España
  • Colección: Derecho de la sociedad de la información
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 23 cm
  • Nº Pág.: 143
  • Idiomas: Español

Papel: Rústica
18,00 €
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Resumen

Hace algún tiempo, al presentar este trabajo como resultado de un proyecto de Investigación (Proyecto NERT: Nuevo Marco Europeo Regulador de las Telecomunicaciones) ante un notable grupo de Catedráticos de Derechos Administrativo que formaban parte de la Comisión de Habilitación a Plazas de Catedráticos de Universidad, tuve la ocasión de preguntar ¿Por qué los administrativas sabemos tampoco del espectro radioeléctrico? La respuesta que me atreví a ofrecer entonces, me sigue pareciendo válida. No es sólo que los administrativas (con muy contadas y valiosas excepciones que fácilmente son identificables) vivamos al margen de los debates esenciales del momento presente (que habrán de determinar el contenido material de nuestra disciplina en el futuro, cuando la Administración actúe continuamente en el campo de la biotecnología, del sofware o gestione el recurso clave de una sociedad que quiere acceso móvil a las fuentes de información) es, sobre todo, que los administrativistas, hasta el presente, no hemos necesitado saber demasiado sobre el régimen jurídico del espectro radioeléctrico. En efecto, durante prácticamente todo el siglo XX el espectro radioeléctrico fue manejado como un simple accesorio de actividades configuradas como «servicio público» y, consecuentemente, en la explicación de su régimen jurídico, no era, en absoluto, determinante el régimen de utilización de este recurso, que representaba un aspecto ancilar, menor, del conjunto de problemas abordados y resueltos con aquella técnica jurídica. Como mucho, ya cuando los derechos de uso del espectro de radiofrecuencias comenzaron a vislumbrarse como derechos autónomos, segregados de las actividades que aceleradamente pasaban de ser configuradas como servicios públicos a servicios de interés económico general, fue preciso distinguir entre la técnica que configuraba la actividad y el régimen aplicable al recurso que utilizaba. Así se explica que Real Decreto 844/1989, de 7 de julio, por el que se aprobó el Re

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