La reflexión sobre los problemas y valores del agua es una cuestión fundamental y de plena actualidad. La disponibilidad del agua, su acceso, preservación, protección, así como sus usos, son temas que a todos nos interesan y que están estrechamente unidos a las inquietudes de los ciudadanos. El agua no sólo es un elemento imprescindible para la vida, sino también un medio económico y social. La consideración del agua como un recurso natural escaso, limitado y fácilmente deteriorable, obliga a incorporar a su gestión criterios de eficacia, eficiencia, economía y sostenibilidad. El Derecho de la Unión Europea ya atribuía un importante protagonismo a las medidas fiscales en relación con las políticas ambientales, reseñando la Recomendación del Consejo de la Unión núm. 75/476, de 3 de marzo de 1975, que los principales instrumentos de los Poderes Públicos en materia de medio ambiente son "las normas y los tributos". No obstante, hemos de significar que la fiscalidad es una mera herramienta al servicio de las políticas ambientales, incluida la del agua, y, como tal, debe ser objeto de nuestra consideración. Desde la fiscalidad estas declaraciones resultan especialmente importantes a la hora de interpretar los principios rectores de la misma establecidos en el artículo 9 de la Directiva 2000/60, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 (Directiva Marco): "recuperación de costes" y "quien contamina paga". En síntesis, se propugna desde ese precepto la recuperación de los costes de todos los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, así como, políticas de precios que incentiven el uso eficiente del agua. El agua no puede estar expuesta a las leyes del mercado como ocurre con otros recursos naturales. De ahí la importancia de la gestión pública y de calidad del servicio de abastecimiento de agua que se convierte en la forma de gestión que ofrece garantías para que se gestione con criterios