La potestad sancionadora tiene un protagonismo innegable (y no menguante) en la vida de las Administraciones Públicas y de los ciudadanos y las empresas. Se aprueban cada vez más normas, dirigidas a proteger los bienes e intereses públicos más variados, y la principal (y muchas veces única) reacción ante su incumplimiento es la imposición de sanciones administrativas. No pocos órganos o autoridades, sobre todo los encargados de asegurar el cumplimiento de alguna normativa sectorial, administran sancionando.
Sin embargo, esa herramienta utilizada con tanta generosidad dista mucho de estar a punto. Con una regulación legal dispersa e incompleta, se trata de uno de esos pocos ámbitos de nuestro Derecho público en los que la jurisprudencia (sobre todo la del Tribunal Constitucional) ha asumido una auténtica función creativa. En la esperanza de que nos encontremos en el camino hacia la aprobación de una Ley integral sobre la potestad sancionadora, este libro analiza una amplia muestra de problemas no resueltos y de perplejidades jurídicas que resultan especialmente sorprendentes en el Derecho sancionador, en el que la exigencia de certeza y de seguridad jurídica es máxima.
Las dudas que plantea la publicación en el BOE de determinadas sanciones administrativas, los límites de las potestades que tiene la Administración para obtener pruebas de las infracciones, la responsabilidad sancionadora de los menores de edad o de los estudiantes universitarios, la utilización de cartas admonitorias como una alternativa a la imposición de sanciones, los problemas más recientes en el tratamiento jurídico de las denuncias, los últimos desarrollos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o problemas relacionados con las sanciones en sanidad o medio ambiente, son algunos de los asuntos abordados en este volumen.
En este libro se publican trabajos de un nutrido grupo de profesores de Derecho Administrativo, Penal y Mercantil, de las Universidades de Oviedo y Pompeu Fabra. Un enfoque pluridisciplinar que se considera necesario poder analizar al menos una parte de las múltiples perspectivas y aristas que ofrece la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.