«Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, a crear las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia».

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, de 26 de junio de 1945

Han pasado más de siete años desde que se puso en marcha el Sistema de Dependencia en nuestro país. Fueron muchas las expectativas que se crearon en su momento, no solo porque se hizo de esperar (de los países de su entorno, España fue de los últimos en implantarlo), y porque la demanda social era (y es) alta, sino porque desde el propio Ejecutivo en su momento se presentó como la gran apuesta, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Se era consciente de que implantar un sistema novedoso no sería una tarea fácil, ni económica. Por ello, desde el primer momento, cuando se planificó su implantación se fijó un calendario que abarcaría dos legislaturas. Y desde el punto de vista de la financiación, el Estado asumió que en los primeros años (hasta el año 2015), él asumiría parte de los costes que llegado el momento corresponderían a las CCAA. No se creó un sistema completamente «ex novo» (formalmente sí), sino que con objeto de facilitar su puesta en marcha, se optó por esta vía, en la que se aprovechan estructuras preexistentes, se coordinan las mismas, y se comprometen a las diferentes Administraciones en su financiación. El resultado de esta fórmula fue el enorme desequilibrio con que empezó a implantarse la Ley de Dependencia.
Pronto comenzaron los necesarios ajustes, buscando corregir las deficiencias técnicas observadas (por ejemplo, en materia de valoración), y sobre todo las desigualdades. Pero desde mayo de 2010, los primeros recortes presupuestarios situaron el SAAD entre sus objetivos. Una visión general de tales reformas muestra no solo cómo las reformas tratan de corregir las deficiencias observadas en los primeros años (como eran los desequilibrios autonómicos), o una reducción «menor» de costes mediante nuevas reglas en el procedimiento eliminando la regla de la retroactividad, sino que se tocan lo que habían sido los pilares auténticos del sistema: se suspende la financiación a las CCAA; y se elimina el aseguramiento obligatorio de las cuidadoras informales, además de una reducción de sus prestaciones.