Como señalan los autores, la historia nos enseña que #apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas#. De ahí que la memoria institucionalizada por el Poder sea #siempre aquella que más sirve los intereses de la dominación# y que los que dominan #tengan la pretensión de decretar lo que se debe recordar y lo que debemos olvidar#. Un #olvido# que permite al Poder #reelaborar el pasado e instituir la memoria en Historia# para convertir la #amnesia histórica institucional# en #amnesia colectiva#. Luchar contra esta #amnesia# impuesta por la Transición y conseguir la rehabilitación de cuantos sufrieron represión por haber combatido la dictadura franquista fue el objetivo de los colectivos que, a finales de los años noventa, comenzaron a exigir la revisión de las sentencias franquistas. Y también lo fue para los que, a comienzos del 2000, comenzaron a buscar y abrir fosas comunes en las que habían sido sepultadas anónimamente miles de personas fusiladas por los militares facciosos durante la guerra civil. A partir de ese momento, la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista se convirtió también en un objetivo para todos los partidos menos el PP; pero no fue hasta el 28 de diciembre de 2007 que, tras publicarse en el BOE, entró en vigor la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, #por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura#. Pero esta Ley, promulgada por un Gobierno socialista, fue finalmente el resultado de un compromiso de mínimos (entre PSOE e IU-ICV) y no satisfizo prácticamente a nadie: ni a los que lucharon por ella ni a los que no la querían. Además, al mantener la escandalosa vergüenza de una Democracia que no se atreve a rehabilitar jurídicamente a las víctimas de la repre