Las medidas cautelares que se solicitan en vía contencioso-administrativa, previstas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, son el centro de este trabajo, que también contiene referencias a su aplicación práctica en materias específicas. La mayoría de pleitos contencioso-administrativos se plantean con alguna solicitud de medida cautelar: es preciso saber formular su correcta solicitud, a la vez que conocer los
criterios jurisprudenciales empleados al resolver.

Se pretende responder a preguntas como: desestimada una solicitud de medidas provisionales en vía administrativa, ¿se puede impugnar hasta acceder a la vía judicial?; si se solicita una medida cautelarísima
¿cabe pedir subsidiariamente su tramitación por el cauce ordinario?; existiendo medidas cautelares, una vez que se dicta sentencia que, a su vez, es objeto de recurso de apelación o casación, ¿procede
solicitar su ejecución?; la dificultad o imposibilidad de prestar garantía ¿es equivalente a la creación de perjuicios de imposible o difícil reparación?

En extranjería, la designación como Abogado y Procurador del turno de oficio ¿habilita para solicitar medidas cautelares en vía judicial?; ¿cabe pedir medidas de signo positivo?. Cuando se trata de contratos
públicos, el plazo de carencia a partir de la expedición de facturas o certificaciones, ¿se computa en días naturales o hábiles?; si hubiera sido preciso utilizar contratos como el de factoring, ¿tiene repercusión a la hora del cobro de la cantidad debida?; si el contrato se hubiera cedido a terceros, ¿quién está legitimado para reclamar su cobro?; ¿hay posibilidad de solicitar anatocismo?.