La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, regula dos regímenes de contratación diferentes: el régimen aplicable a las Administraciones públicas y el de los poderes adjudicadores que no tienen tal carácter, a los que hemos denominado genéricamente en el presente manual entidades instrumentales de la Administración. El primero es objeto de una regulación pormenorizada; el segundo se hace de una forma mucho más flexible y abierta, dejando numerosas lagunas y dudas que en los primeros momentos de la aplicación de la ley generaron grandes problemas de interpretación y aplicación.

En estos momentos que se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, que ya ha sido objeto de dos profundas reformas, la Ley 34/2010 y la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y de un limitado desarrollo reglamentario (Real Decreto 817/2009), estamos en disposición de plantear respuestas a la ingente cantidad de dudas inicialmente planteadas.

La jurisprudencia, las juntas consultivas de contratación administrativa, estatal y autonómicas, la doctrina, así como las soluciones que han ido adoptando los profesionales que prestan sus servicios en las entidades instrumentales de la Administración, que día a día tienen el cometido de aplicar la ley, y que han ido contando con el beneplácito de los órganos fiscalizadores, han ido consolidando las respuestas a algunas de esas lagunas y dudas inicialmente planteadas.

En el presente manual, he tratado de recopilar esas respuestas e interpretaciones, sistematizarlas, resumirlas y compartirlas con los interesados en el controvertido tema de la contratación pública.