Una vez delimitado el concepto de impugnación contenido en la regulación legal, se abordan los caracteres distintivos de los recursos en el proceso de ejecución constatando que la novedad no radica en la respuesta dada al «qué» de estos recursos que se refiere a su naturaleza, pues son los mismos regulados de forma general en la ley, sino al «cómo», que se refiere a la forma en que los recibe el legislador para destinarlos a su uso por las personas que participan en el proceso de ejecución y a los fines perseguidos. Se comprueba, asimismo, que, como materia del recurso, la pretensión impugnatoria no solo se fundamenta en el reproche por la violación de una norma que regula el procedimiento, en un sentido estricto, sino que la censura se puede amparar también en una infracción de norma de derecho material que debe tener en cuenta el ejecutor bien para satisfacer el derecho del ejecutante bien para limitar el sacrificio patrimonial que ha de soportar el ejecutado o bien para aplicar correctamente una norma de ordenación del procedimiento. Se aborda la cuestión del gravamen como fundamento del derecho a recurrir. En el proceso de ejecución se experimenta cierta dificultad para introducir, indiscriminadamente, la noción clásica como elemento fundante de los recursos en todos los casos. Es preciso determinar, especialmente, cuál es el fundamento en aquellos casos en que la resolución recurrida no limita derechos ejercidos expresamente por el litigante: el interés en recurrir. Se delimita quiénes son portadores de un derecho a recurrir en el proceso de ejecución, comprobando cómo se extiende la relación de recurrentes más allá de los sujetos mencionadas en el artículo 538 LEC. Finalmente se dedica un espacio extenso a la comprobación del funcionamiento de los recursos (procedibilidad y admisibilidad) atendiendo al complejo esquema que resulta de su ordenación y su finalidad en el proceso de ejecución.