La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por el Estado Español en el año 1990. La importancia de esta norma internacional en el ámbito de los Derechos de la infancia y de la adolescencia ha sido incuestionable, al significar el papel fundamental de la cooperación internacional para que el cumplimiento del catálogo de derechos, sistematizados en torno a la protección social, la educación, la salud, el ocio, la inserción sociolaboral y la participación ciudadana de la infancia y la adolescencia, sea una realidad. En muchos países, las políticas sociales dirigidas a potenciar los derechos de la infancia y la adolescencia se han centrado en los ámbitos tradicionales de la educación, la atención sanitaria, las situaciones de riesgo social o la delincencia, pero han descuidado la atención global del bienestar y de los derechos de la población infantil y juvenil. El gran reto de la Convención sobre los Derechos del Niño, todavía incumplido, es el de la participación de la infancia y de la adolescencia: hasta ahora, en muy pocas ocasiones se reconoce al conjunto de niños, niñas y adolescentes como un colectivo social que debe ser no sólo escuchado, sino sobre todo atendido y entendido, cumpliéndose la premisa de promover la existencia de espacios, donde, como verdaderos protagonistas de sius derechos subjetivos, puedan expresar sus necesidades e iuniciarse como ciudadanos participativos, ejerciendo actitudes democráticas de una manera activa. Al margen de la ratificación, prácticamente global, de la Convención de los Derechos del Niño, y de diversas iniciativas institucionales, se constata, desde la sociedad civil, un esfuerzo destacable por la defensa de esos derechos humanos y por la mejora de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, a través de movimientos asociativos y de personas comprometidas con la plena realización de los derechos de la infancia y de la adolescencia. En este co