Esta investigación pretende responder de forma afirmativa al siguiente problema jurídico: ¿Es constitucional, idónea e imperativa la función de control del actuar administrativo en materia de contratación estatal, a través de las acciones populares? Para el efecto, por medio del estudio del actual marco normativo de las acciones populares (Constitución Política de 1991, Ley 472 de 1998 y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–), desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinario, se explica y justifica la posibilidad que los jueces que conocen de las acciones populares puedan también examinar la legalidad de los contratos estatales, suspenderlos y hasta anularlos, cuando su celebración, ejecución, inejecución o defectuosa ejecución se cuestione como causa de amenaza o violación de derechos e intereses colectivos. Así mismo, se plantean soluciones ponderadas al problema de la reiterada desestimación de pretensiones por defectuosa actividad probatoria del actor popular, pese a haberse logrado justamente abrir un espacio en esta acción constitucional para el enjuiciamiento de contratos estatales, y a la evidente vulneración o amenaza de derechos e intereses colectivos que se presenta en cada caso, con el ánimo de reivindicar el papel de la acción popular como un socializado y flexible instrumento de control del actuar administrativo.