Los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas, de los que son ejemplo los listados de llamadas efectuadas o recibidas y la identificación de los visitantes de páginas web, han adquirido un considerable protagonismo en la investigación penal, que está llamado a incrementarse. Estos datos representan una parte accesoria del contenido de las comunicaciones dotada de relevancia propia, tanto por lo que respecta a su reglamentación en el marco de las comunicaciones electrónicas, como en el proceso penal. Su trascendencia es indudable en relación con delitos cometidos a través de las comunicaciones electrónicas, pero también se manifiesta respecto de múltiples investigaciones de delitos de tanta relevancia social como son los propios de la criminalidad organizada (caso de los tristemente conocidos atentados del 11 de marzo). Su potencial, lejos de limitarse a la identificación (necesitada generalmente de otro tipo de datos afines, los de abonado) comprende la localización de autores y víctimas, la realización de perfiles de personalidad e incluso la aportación de fuentes de prueba capaces, llegado el caso, de contribuir a desvirtuar la presunción de inocencia. El hecho de que los datos de tráfico justamente versen sobre la información diversa del contenido material de la comunicación determina que su obtención tenga, con carácter general, un carácter menos gravoso que la del contenido. Sin embargo, no son pocos los derechos fundamentales que se ven en juego: derecho al secreto de las comunicaciones, protección de datos, e incluso a la libertad de expresión e información. Aunque nadie pone en duda la necesidad de dotar a las autoridades encargadas de la persecución penal de nuevos instrumentos con los que desarrollar su labor, lo cierto es que la tendencia constatable a superar los límites que suponen las garantías clásicas del proceso nos alerta de la importancia de un debate en profundidad acerca de estas medidas, máxime cuando, en virtud de algunas de ellas (c