La evolución y transformación del Derecho de propiedad intelectual han estado desde sus orígenes ligadas a la aparición de nuevos avances tecnológicos. De ahí que en nuestros días nadie dude en afirmar que Internet ha venido a convulsionar, en cierta medida, el tradicional sistema de propiedad intelectual. Prolijos han sido en este sentido los estudios realizados por la doctrina y rápida, en la medida que así pueda calificarse ésta, la respuesta del legislador internacional, comunitario y en algunos casos, también interno. Baste citar como ejemplos, los últimos Tratados elaborados en el seno de la OMPI, las Directivas comunitarias sobre comercio electrónico y sobre la sociedad de la información o la Digital Millenium Copyright Act de EEUU. Lamentablemente, no cabe decir lo mismo de los contratos que tienen por objeto la transmisión de los derechos de propiedad intelectual y, menos aún, de los contratos de edición, que constituyen el instrumento jurídico por excelencia para la explotación económica de las obras del ingenio.
Este voluntario «olvido» por parte de las instancias internacionales se explica, mas no se justifica, por la dificultad que entrañan los problemas de DIPr que suscitan este tipo de contratos y por las diferencias sustantivas que presentan al respecto las legislaciones nacionales sobre la materia. El panorama en nuestro país no es más halagüeño. Si bien es cierto que los contratos de edición comienzan a despertar un incipiente interés en la doctrina civilista y mercantilista, no lo es menos que éstos han pasado completamente inadvertidos para los iusinternacionalprivatistas. Motivo éste más que suficiente para aplaudir, desde ahora mismo, el trabajo que aquí se presenta pues viene a colmar un importante vacío en nuestra disciplina.