El presente libro estudia las sanciones administrativas desde una perspectiva poco habitual en la doctrina española reciente aunque con sólidos apoyos en el panorama europeo. Así, se rescata la distinción entre las sanciones administrativas y las penales, actualmente difuminada por la idea del ius puniendi único. El Derecho penal y el administrativo sancionador son dos instrumentos jurídicos complementarios pero diferentes, que no pueden intercambiarse ilimitadamente y que conllevan la aplicación de reglas diferentes, entre otras cosas porque el Estado no dispone de los mismos instrumentos para la persecución de los delitos y de las infracciones administrativas, porque unas y otras sanciones no tienen la misma capacidad punitiva y porque, en la práctica, tampoco son idénticas las garantías que protegen a los ciudadanos frente al uso de ambas potestades sancionadoras. Por otro lado, se aborda (en general y aplicada a múltiples supuestos dudosos) la distinción entre las sanciones administrativas y otras medidas de gravamen impuestas por la Administración, que resultan tanto o más perjudiciales para sus destinatarios pero que no son sanciones porque no tienen una finalidad exclusivamente punitiva. Toda medida que, aunque afecte negativamente a un particular, sirva (también) para la protección de intereses públicos (revocaciones, prohibiciones de ejercicio de actividades, órdenes de restauración o reparación de daños), no puede ni debe ser calificada o utilizada como sanción, pues ello pone en peligro la satisfacción de esos intereses públicos al condicionarla a la concurrencia de circunstancias puramente personales del infractor. El libro reconstruye, sobre estas bases, el régimen jurídico de las sanciones administrativas, distinguiendo aquellas reglas que son consustanciales al concepto de sanción y por ello deben aplicarse a todas ellas con independencia de su naturaleza administrativa o penal y de su gravedad, de aquellas otras que simplemente protegen al destinatar