Ante situaciones de riesgo alimentario en las que se desconocen las consecuencias que el consumo de determinados alimentos pueden conllevar para la salud y el medio, la legislación positiva habilita a las autoridades competentes a adoptar, en aplicación del principio de precaución, las medidas provisionales que estimen oportunas para preservar la salud y evitar que esos riesgos alimentarios, que se sospecha que puedan producirse, se materialicen en daños.
En esta obra se analiza la figura jurídica de las medidas provisionales como el mecanismo idóneo, de entre las distintas posibilidades de actuación que tiene la Administración, para hacer frente a los riesgos alimentarios que pueden acaecer; en aras a proteger la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores. Así mismo, en esta investigación es relevante el análisis de la responsabilidad patrimonial que recae en la Administración Pública con la adopción o con la no adopción de las medidas provisionales ante situaciones de riesgo alimentario.