Cuando en 2000 el pleno del Consejo general del Poder judicial decidió sacar a convocatoria pública la realización de un estudio empírico de alcance nacional sobre la relación entre drogas y delincuencia a partir de los datos suministrados por la jurisdicción penal, la Sección de Málaga del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología se sintió directamente concernida. Un significativo grupo de investigadores en ella integrados llevaban ya un buen número de años prestando especial atención a la política criminal sobre drogas que se había ido configurando desde los años 80 en nuestro país y en todo el planeta, y a las consecuencias que había producido. En los últimos tiempos el objeto de estudio se había ampliado al encaje jurídico que podía darse a políticas innovadoras de reducción de daños en drogas. La oferta del Consejo general del Poder Judicial constituía, dadas las facilidades de acceso prometidas y la financiación propuesta, una magnífica oportunidad para llevar a cabo una masiva aproximación empírica a la realidad judicial sobre el papel de las drogas en la criminalidad.