Esta monografía pretende introducir a juristas y operadores jurídicos en la regulación de una materia, que si bien parece consecuencia directa de las antiguas diligencias para mejor proveer (LEC 1881), nada mas lejos de la realidad. A lo largo de vigencia de la LEC 1/2000, he venido comprobando como jueces y abogados veían en esta institución una continuidad de aquellas diligencias probatorias del art. 345 LEC 1881. La nueva regulación, coherente con los principios que informan nuestro proceso civil, demuestra que manteniendo su naturaleza jurídica, las reglas de aplicación son esencialmente diferentes, de ahí el cambio de denominación. Esta obra pone de relieve los requisitos, procedimiento y supuestos excepcionales para su adopción, realizando un estudio comparativo con las diligencias para mejor proveer, y poniendo de manifiesto las grandes diferencias que separan ambas instituciones, que impiden a los operadores jurídicos acudir a ellas, siempre que se constante la insuficiencia probatoria del proceso.