La irrupción de las modernas tecnologías y, en concreto, de la prueba de ADN en el proceso penal ha supuesto una verdadera revolución y ha facilitado enormemente el trabajo de los investigadores en casos criminales que antes eran enormemente complicados. No obstante, unido a esto, también aparecen numerosos retos y desafíos a los que ha de darse una respuesta acertada, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales afectados en todo procedimiento penal.
Nos encontramos aquí con el trasfondo de un viejo debate: al que se enfrentan las autoridades ante las nuevas formas de criminalidad organizada, terrorismo, delincuencia transfronteriza, etc. a la hora de proteger la seguridad de los ciudadanos y, a su vez, la necesidad de preservar nuestras libertades democráticas y los derechos básicos de las personas.
El presente trabajo se centra en el estudio del artículo 129 bis del Código Penal, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo, analizando con detenimiento y desde una perspectiva eminentemente práctica, la trascendencia jurídica y social que ha supuesto la introducción de este precepto en nuestro ordenamiento jurídico.