Existe un principio general de responsabilidad extracontractual de los Estados que les obliga a reparar los daños causados a los ciudadanos como consecuencia de su indebida o ilícita actuación, del que no está excluido el Poder Legislativo, cuando incumple las obligaciones que le impone la Constitución o el Derecho comunitario. La ausencia o la indebida actuación del Estado a través de su Poder Legislativo debe provocar también, de forma general, el correlativo derecho de los ciudadanos afectados a obtener la correspondiente reparación. El presente trabajo no sólo estudia exhaustivamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a los efectos de concretar las consecuencias que para el ciudadano tiene tanto la declaración de inconstitucionalidad como de contradicción con el Derecho comunitario de una norma legal, sino que analiza de forma detallada cada una de las vías de recurso que el ordenamiento jurídico español pone a su disposición a tal fin: la acción de responsabilidad patrimonial, la revisión de actos nulos, la revocación de actos, la devolución de ingresos indebidos, el recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa, el recurso contencioso-administrativo, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.