El principio constitucional de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, reviste una singular importancia cuando se refiere a los entes locales y dentro de ellos, el Municipio que es la organización jurídica peculiar del núcleo urbano, y la base primaria de la organización territorial del Estado. En la actualidad, ante la complejidad y tecnicismo de la diversidad de competencias que configuran el régimen local, así como la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, destaca el riesgo de originar un daño o perjuicio por el comportamiento regular o irregular de la actividad administrativa. El principio de responsabilidad patrimonial se configura como garantía de los ciudadanos frente al ejercicio de potestades administrativas, necesarias para el buen funcionamiento de la vida local. La proximidad a los ciudadanos en el ejercicio de dichas potestades supone, con frecuencia, el presupuesto fáctico desencadenante de este principio constitucional. La realidad social, cultural, tecnológica y económica convierte a los Ayuntamientos, como órganos de gobierno de los Municipios, en responsables directos e inmediatos del Estado del Bienestar, al estar obligados a prestar determinados servicios públicos, los más esenciales y directos, en función de un estandar medio de garantía y seguridad. En la actualidad, asistimos a un proceso general de renovación normativa que ha afectado a los cuerpos legales básicos que regulan la actividad de la Administración Local en sus distintos aspectos competenciales, donde destaca la proliferación de regímenes especiales de gestión patrimonial, a través de los cuales se canaliza la administración de amplias masas de bienes, así como la ampliación de su incidencia en el ámbito personal de los ciudadanos. El régimen local se configura, por lo que se refiere al principio de responsabilidad patrimonial, en el núcleo más importante de las sentencias del Tribunal Supremo y de los demás órganos jurisdiccionales, que se han