Los particulares tenemos derecho a ser indemnizados por toda lesión que suframos en nuestros bienes y derechos, siempre que la misma sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y salvo en los casos de fuerza mayor. Así lo recoge el art. 106 de la Constitución Española; esta consagración constitucional genera en España cientos de miles de reclamaciones formuladas por los ciudadanos frente a las distintas Administraciones, muchas de las cuales terminan judicializándose.

La exhaustiva selección jurisprudencial ofrecida permitirá conocer la configuración general de la responsabilidad patrimonial; por ejemplo, cuál es su naturaleza, qué requisitos deben concurrir o, entre otros aspectos, qué elementos rompen la relación de causalidad entre el daño y la actuación pública.

Asimismo, la obra ofrece cientos de ejemplos reales tratados en los Tribunales sobre innumerables supuestos: accidentes de tráfico derivados de la mala señalización de las calzadas, caídas en la vía pública por el mal estado de las aceras, encarcelamiento de inocentes, errores médicos y un largo etcétera.