La representación política castellana a mediados del siglo XVII seguía teniendo en las Cortes, corporación compartida entre el rey y el Reino, su plataforma de actuación más importante. Las últimas convocatorias de Felipe IV, la de 1655 y sobre todo la de 1660, mostraron una asamblea aún poderosa, si bien el discurso parlamentario daba síntomas de agotamiento. Tras la desconvocatoria de 1665, y hasta el fin del Antiguo Régimen en 1834, el Reino como cuerpo político hubo de buscar vías alternativas de expresión y de comunicación con la parte del rey; la Diputación, la Sala de Millones y el circuito privilegiado de las ciudades con derecho a voto, incluyendo las aragonesas desde 1709, intentaron sustituir a las Cortes en un contexto político muy desfavorable a sus intereses. Las Cortes, o más bien la idea de Cortes, subsistieron; lo hicieron bajo mínimos, pero lo suficiente como para trasmitir al liberalismo las tradiciones constitucionales del Reino y evitar así que la ruptura fuese demasiado traumática.