La aplicación práctica del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización asociados a la última reforma de la seguridad social que aprobó la Ley 23/2013 ha sido aplazada provisionalmente hasta que se alcance un cierto consenso en materia de pensiones.
• Estudio riguroso respaldado por un profesional de un cuerpo superior de la seguridad social
• Solidez y enfoque integral
• Enfoque práctico
Destinado asesores sindicales o empresariales, directores y empleados públicos, así como sus respectivas asociaciones u organizaciones y en general entre expertos y estudiosos de la seguridad social.
La aplicación práctica del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización asociados a la última reforma de la seguridad social que aprobó la Ley 23/2013 ha sido aplazada provisionalmente hasta que se alcance un cierto consenso en materia de pensiones. Son abundantes los estudios y mensajes que alertan a la ciudadanía sobre la inviabilidad del modelo público, el grave recorte que tendrán que sufrir las pensiones públicas y la necesidad de prepararse para ello mediante planes de ahorro privados. Esta obra ofrece un análisis completo de la realidad a la que se enfrentarán los ciudadanos en su jubilación en caso de que no se rectifiquen los últimos cambios legislativos. Sin embargo, este trabajo no se limita solo a mostrar el riesgo de no revertir dichos cambios normativos, sino que dedica la mayor parte de sus páginas al estudio de diferentes reformas legislativas que permitirían mantener reconocible nuestro modelo de seguridad social pese a los desafíos económicos y demográficos. Se trata, en definitiva, de una obra que contribuye a eliminar la errónea idea de que las pensiones públicas no tienen futuro, ofreciendo soporte científico al posicionamiento de que no es inevitable que haya que dirigirse hacia un modelo de menor protección pública que requiera ser complementada con planes privados y mostrando que se trata de una cuestión sobre la que sí cabe elección y en la que por tanto, existen opciones para mantener una protección pública que además de sostenible sea adecuada y suficiente.