La Administración Local, tradicionalmente caracterizada como la Administración cercana al ciudadano, participa también en el proceso de incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno. La falta de potestad legislativa por parte de los entes locales, no les impide ser actores en dicho proceso de transposición, que se llevará a cabo a través de su potestad normativa de rango reglamentario, que es precisamente aquella que en palabras del Tribunal Constitucional constituye su particularidad por antonomasia.

Para ilustrar en qué medida el Derecho de la Unión, tanto originario como derivado, fundamenta la potestad normativa local, se toma como referencia, por un lado, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo valor es equivalente a los Tratados a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, por otro lado, la Directiva de Servicios en el mercado interior, en cuanto norma de derecho derivado que más ha influido transversalmente en el Derecho Administrativo de los Estados miembros, particularmente en el Derecho Administrativo económico.

Sobre estas premisas y con una exhaustiva y cuidada cita de jurisprudencia y doctrina, se aborda el estudio del derecho a la buena administración consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales, así como la incidencia de la Directiva de Servicios en ámbitos sobre los que los entes locales tradicional mente han venido ejerciendo competencias, como son el urbanismo, el comercio ambulante, las actividades sujetas a incidencia ambiental y los espectáculos públicos y actividades recreativas.

Cierran el trabajo unas reflexiones conclusivas del autor, que sirven, al mismo tiempo, como recapitulación práctica.