ATTAC, la organización que preconizó la crisis del capitalismo financiero, avanza lo que podría ser el capitalismo del futuro: un sistema en el que los recursos materiales serán la materia prima de la especulación.
La expresión ‘economía verde’ es una nueva perversión del lenguaje. Así lo denuncia ATTAC (Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas y por la Ayuda a los Ciudadanos) en este libro colectivo. En sus páginas ATTAC reflexiona acerca de la mercantilización de los recursos naturales instaurada por la ONU y que volvió a quedar reflejada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro celebrada en junio de 2012.

El término ‘economía verde’, surgió como un nuevo paradigma en el que el cuidado de la naturaleza formaría parte de un supuesto modelo capitalista decidido a conservar la biodiversidad. Desde ATTAC llaman la atención sobre lo que realmente esconde esta expresión: la naturaleza convertida en una nueva oportunidad de negocio. A través de numerosos tratados y acuerdos se ha puesto precio a recursos naturales para venderlos siguiendo las pautas del capitalismo y el neoliberalismo, sin ningún tipo de protección para los países que poseen las materias primas, que siguen siendo los más pobres del planeta.

“La naturaleza ya no es únicamente el objeto muerto y pasivo del que se extraen los recursos hasta el infinito, sino que es un objeto vivo que debe incorporarse en el proceso productivo”. Esta es la idea que se destaca en este ensayo que sigue un riguroso análisis de las Cumbres sobre la Tierra celebradas por la ONU desde 1972.

En este libro se exponen dos pilares de lo que el capitalismo bautizó como ‘economía verde’. Por un lado, la aprobación de los derechos de propiedad en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 bajo la premisa de que solamente los bienes privados se pueden conservar bien. Fue así cómo se aprobaron los derechos de propiedad sobre la atmósfera y la puesta en funcionamiento de los mercados: en concreto, el de los permisos de emisión de gases de efecto invernadero que serían instaurados por el Protocolo de Kyoto en 1997, que justificaba y legitimaba los derechos de propiedad sobre lo vivo y la organización de mercados sobre la biodiversidad. Los bienes comunes, gestionados durante siglos por comunidades autóctonas, se convirtieron así en bienes privados propiedad de las grandes empresas capitalistas y extranjeras. Por otro lado, los autores critican el engaño que supone hablar de los llamados recursos renovables frente a los recursos fósiles. Con ejemplos como el del coche eléctrico, apuntan a que no puede denominarse “verde” un producto en el que para su construcción es necesaria la creación de aleaciones de metales raros, como el litio, así como el uso de grandes cantidades de agua para la extracción de estos minerales en aquellas regiones que generalmente carecen de ellos.