Este trabajo parte de la premisa de que la institucionalización de la reforma perenne de la Constitución en México ha definido en gran medida una compleja relación entre dicho ordenamiento y sus destinatarios, caracterizada por la dificultad de conocer a detalle y comprender los alcances de su cambiante articulado, así como por obligar a la continua reestructuración de los órganos y actividades del Estado para atender los volubles objetivos que plantean sus modificaciones de mayor entidad. En esa línea, se propone atender un aspecto vital en los ejercicios de reforma constitucional, consistente en el análisis y la evaluación de la calidad de los procesos que culminan con la modificación de dicho ordenamiento para dejar de presuponer que dichas reformas son, por sí mismas, racionales y exigir, que se sustenten en una motivación expresa que será susceptible de control jurisdiccional. Ello implica replantear el principio de representación política para transitar de su entendimiento eminentemente electoral a conceptualizarlo como un actuar sustantivo en favor de las personas a las que se dice representar, principalmente en aquellos momentos en que la pretensión de representación se materializa en la reforma de la Constitución.