Coords. Eduardo Gamero Casado, Julián Valero Torrijos. La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE) ha supuesto una verdadera convulsión en el Derecho administrativo contemporáneo, pasando a ocupar un papel absolutamente central en el sistema de fuentes jurídico-administrativas, como viene demostrando la acogida que ha recibido esta obra desde su primera edición. Más aún, la referida Ley ha tenido un enorme impacto tanto en la práctica administrativa diaria como, asimismo, a nivel normativo, de manera que desde su aprobación se han sucedido numerosas disposiciones tanto a nivel estatal como autonómico y local. Entre las primeras destacan especialmente los reales decretos que han aprobado los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, cuya regulación se ha incorporado a esta nueva edición. Entre las segundas cabe resaltar que tres comunidades autónomas ya disponen de una Ley específica en materia de Administración electrónica, si bien son innumerables las disposiciones legales y reglamentarias que, directa o indirectamente, regulan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por las Administraciones autonómicas. Del mismo modo, las entidades locales y, en particular, los municipios han incorporado esta realidad en sus propias ordenanzas, impulsando así un proceso que ya resulta imparable y que está llamado a transformar la Administración pública.