Las leyes penales son dictadas libremente por el órgano que ostenta el poder legislativo en cada comunidad política: auctoritas non veritas facit legem, afirma el viejo adagio de Thomas Hobbes. Pero, si las leyes penales quieren ser algo más que mandatos arbitrarios y un puro ejercicio de poder, necesitan ser justificadas. Pues sólo una ley que sea vista como suficientemente justificada (como una ley razonable) proporciona razones para que la ciudadanía la obedezca y para que los jueces se esfuercen en aplicarla.

Este libro presenta una teoría general de las condiciones necesarias para que se pueda afirmar que una ley penal está justificada. Para ello se examinan los cuatro aspectos de la justificación: el jurídico-constitucional, el político, el moral y el de la racionalidad instrumental. Y, en cada uno de dichos aspectos, se someten a crítica los argumentos usuales en la discusión político-criminal al respecto.