La Jurisdicción Voluntaria no está encomendada solamente a los órganos titulares de la jurisdicción (los Tribunales), sino a otros funcionarios públicos: Notarios, Registradores, Cónsules y otros encargados de Registros públicos. Así pues, hay dos tipos de actos o negocios de Jurisdicción Voluntaria: los encomendados a los Jueces, y los encomendados a órganos no judiciales. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se refiere a los primeros, al decir que «se consideran actos de Jurisdicción Voluntaria, todos aquéllos en que sea necesaria la intervención del Juez, sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas» (art. 1.811 LEC). Complemento de esta definición sería la disposición del art. 1817, según el cual «si a la solicitud promovida se hiciera oposición por alguno que tuviera interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la situación que tuviere al tiempo de ser incoado, los interesados y lo que fuera objeto de él, y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda según la cuantía». En la moderna doctrina procesal, ni la existencia de conflicto de intereses ni la de controversia ó contradicción se considera nota esencial del proceso, ni su ausencia, la nota diferencial de la jurisdicción voluntaria. En ésta, existen actos en que la oposición está implícita y en el proceso, existirá normalmente una contienda entre partes, pero a veces el interés es único ó la contradicción no se da, como en los casos de allanamiento , rebeldía y suele ocurrir en la ejecución procesal. De ahí la búsqueda por la doctrina de otro carácter diferenciador. Por influencia de la doctrina italiana que señalo como nota diferencial la naturaleza constitutiva del acto de jurisdicción voluntaria, casi se llegó en nuestra doctrina a una opinión común, la de que la jurisdicción voluntaria sería una actividad del Estado dirigida a la constitución de relaciones jurídicas, a su desarrollo y modificación. La jurisdic