La perpetración de crímenes internacionales constituye una grave violación de los derechos, de ahí la necesidad imperiosa e incuestionable de defender dichos derechos a través de la persecución de estas conductas execrables. Y ello en un siglo que parece no haber aprendido de los anteriores, pues se ha inaugurado con una panoplia de lacerantes conflictos que cuestionan las bases de un sistema asentado en la defensa de los derechos humanos.

La reacción ante tal estado de cosas, nos lleva a intentar materializar la defensa de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, tanto desde el orden jurisdiccional internacional como desde el ejercicio jurisdiccional de nuestros tribunales, en virtud del ejercicio de la jurisdicción universal. Han pasado más de veinticinco años desde que España apostó por la jurisdicción universal cuando la Audiencia Nacional declaró la competencia de la jurisdicción española para conocer los procedimientos iniciados por las querellas que denunciaron actos de genocidio en Chile y Argentina. Actualmente sigue siendo necesario un estudio y reflexión sobre el devenir de la jurisdicción universal y el estado de la cuestión en nuestro ordenamiento, su dudosa supervivencia tras las reformas acometidas, y su inadecuación al diseño de la misma realizado desde el ordenamiento internacional.

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el camino recorrido para entender cómo hemos llegado hasta aquí y reclamar la utilidad de la jurisdicción universal para la defensa y protección de los derechos humanos.