Hoy en día las nuevas tecnologías están en disposición de poder jugar un papel clave y esencial en la mejora de la calidad del servicio que la Justicia y, en concreto, los órganos de instrucción, prestan a la ciudadanía. Muy especialmente, la Inteligencia Artificial (IA) ofrece un gran potencial para mitigar las problemáticas que causan la mayoría de las ineficiencias que hacen que la Administración de Justicia figure entre las peor valoradas por los españoles.

Así, por ejemplo, la eficiencia de la investigación criminal puede llegar a incrementarse hasta niveles insospechados mediante el uso de sistemas capaces de bucear entre millones de datos por segundo auxiliando de este modo al juez en la toma de decisiones de forma cautelar; identificar o verificar la identidad de una persona a través del análisis de sus datos biométricos; interactuar con las víctimas o testigos y ejecutar comandos hablados, así como filtrar y organizar la información contenida en millones de documentos o de detectar denuncias falsas; el uso de herramientas capaces de hacer «ciberpatrullaje»; o la utilización de sistemas con potencial para analizar imágenes, leer matrículas en tiempo real o detectar documentos falsos, etc.

Sin embargo, todos estos posibles beneficios deben ponerse en equilibrio con los potenciales riesgos que pueden comportar los sistemas de IA, por lo que la introducción de dicha tecnología en el ámbito de la Justicia no es algo que pueda hacerse de forma rápida, liviana y precipitada, debiendo en todo caso establecer una regulación con límites claros y específicos que sea garantista con los derechos fundamentales y a su vez fomente su desarrollo.