Una vez más la Política Pesquera Común (en adelante, PPC) de la Unión Europea va a ser sometida a una reforma. En esta ocasión y a diferencia de todas las anteriores, dicha revisión parece estar mucho menos presente en el debate público y ello en buena parte se debe al hecho de que la pesca ha perdido peso político en la escena europea. Las razones, sin duda, son varias pero quizás la más importante sea que esta actividad a pesar de los ciclos de crisis económica y desempleo está dejando de ser atractiva para los trabajadores europeos. Es hoy un hecho que incluso en países de una amplia y consolidada tradición pesquera como es el caso de España, es preciso recurrir, cada vez más, a la mano de obra procedente de la inmigración. Esta evolución no es deseable porque implica que se pierde la vocación pesquera y marítima en la Unión Europea, lo que es un desacierto que acarreará, si no se ataja, consecuencias perjudiciales para la Unión. Es un grave error, porque está claro que el fomento de la economía marítima, debería constituir uno de los grandes objetivos de la Unión, tanto por motivos de tipo ecológico como por razones de índole económica y social. Sin profesionales, empresarios y trabajadores, que provengan de todos los campos de actividad del mar, este objetivo se difi culta mucho. Además, tal evolución supone también, un desacierto pues viene a incrementar la dependencia europea de otros actores al tiempo que fragiliza la seguridad alimentaria del continente.