Desde hace varias décadas los procesos de globalización inciden en la comprensión racional del Derecho de forma intensa en todas sus ramas. Los Estados, fundamentalmente en el contexto occidental, motu proprio, han reducido su protagonismo normativo en beneficio de otras autoridades de carácter supranacional o transnacional, y naturaleza post-soberana. De un orden jurídico secularizado, basado en la «unidad» y la "unicidad" de la autoridad estatal, articulado bajo la "sistematicidad" y «cohesión» en la aplicación del derecho a través del recurso al principio de jerarquía, hemos pasado a un pluralismo jurídico tanto de iure como de facto. En este sentido, el reconocimiento de un policentrismo normativo obedece a una crisis profunda de la autoridad de los Estados, que ante el influjo de la globalización, y en aras del crecimiento y la eficiencia económica, se han visto obligados a reconocer autoridades supranacionales, pero también a efectuar procesos de desregulación, atendiendo demandas de autorregulación de diversos grupos —de naturaleza pública y privada— que aspiran ejercer una autoridad normativa específica, justificada en una legitimidad de origen y de ejercicio diferenciada de la legitimidad que fundamenta la autoridad en los Estados constitucionales democráticos.