La expulsión del territorio nacional ha experimentado una significativa sucesión de reformas, dirigidas en la línea de ampliar sus posibilidades de aplicación, con el objetivo de convertirla en la respuesta uniforme para quienes aúnan la doble condición de extranjeros en situación irregular e infractores penales. El Derecho en vigor se nos muestra así como el sedimento remanente del aluvión legislativo de los últimos años. Se trata de dos contextos legislativos especialmente sensibles al populismo a través del que se canalizan los difusos temores colectivos a la criminalidad y a una inmigración incontrolada percibidas como amenazas. Y de ese modo, las consiguientes demandas de seguridad son atendidas con un enfoque economicista de gestión de riesgos y que da paso al diseño de consecuencias jurídico penales regidas con criterios actuariales, extraños a los principios clásicos de individualización de la responsabilidad penal.