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La ejecución forzosa en el proceso civil

La ejecución forzosa en el proceso civil

  • ISBN: 9788498364019
  • Editorial: Editorial Comares
  • Lugar de la edición: Granada. España
  • Edición número: 2ª ed
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 24 cm
  • Nº Pág.: 510
  • Idiomas: Español

Papel: Rústica
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Resumen

De poco sirve obtener una sentencia favorable a las pretensiones del actor si después no se cumple. Puede decirse que la pretensión del demandante no queda satisfecha por la sentencia que la estima si después el obligado a su cumplimiento no lo hace o si el ordenamiento jurídico no establece las medidas coercitivas o cauces que en cada caso sean precisos para lograr la efectividad de la misma y la consiguiente satisfacción del derecho a la ejecución de las sentencias. La propia Constitución Española de 1978 ha consagrado tal derecho cuando en su artículo 118 dice que «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto».
El derecho a la ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la citada Constitución. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre las que cabe citar como muestra la sentencia 194/93, de 14 de junio, que dice que «el derecho a la ejecución de las sentencias judiciales postula el que la reacción frente al comportamiento contrario a la sentencia pueda realizarse, y esto es lo esencial, en el propio procedimiento judicial de ejecución, al cual le es aplicable, sin duda, el principio pro actione que inspira el artículo 24.1 de la Constitución. Sólo así se garantiza la eficacia real de las resoluciones judiciales firmes y sólo así pueden obtener cumplida satisfacción los derechos de quienes han vencido en juicio sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos» o la sentencia 152/19890, de 4 de octubre, que dice que de no considerarse el derecho a la ejecución de la sentencia como parte del derecho a la tutela judicial efectiva « las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna».
Precisamente por formar parte del derecho a la tutela judicial efectiva, las normas que regulan la ejecución han de interpretarse en el sentido más favorable a la efectividad de este derecho, pero teniendo en cuenta que el derecho a la ejecución es de configuración legal y, por tanto, debe ejercerse por los cauces y procedimiento legalmente establecidos.
La tutela jurisdiccional puede tener diversos contenidos, por lo que el legislador ha optado por referirse expresamente a los mismos en el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no puede desconocerse que el derecho a la tutela jurisdiccional, como hemos dicho en el párrafo anterior, no es sólo de acceso a la jurisdicción sino que debe completarse con su mantenimiento durante la sustanciación del proceso, de tal forma que no devenga ineficaz por la concurrencia de circunstancias acaecidas durante la pendencia del mismo o porque lo que en él se resuelva no se lleve a efectivo cumplimiento. De ahí el acierto de la referencia que hace el mentado artículo, no sólo a las pretensiones declarativas, constitutivas, modificativas o extintivas de derechos o situaciones jurídicas, sino también a la pretensión cautelar y a la de ejecución.
Aunque parezca extraño, por regla general el deudor cumple sus obligaciones, pero cuando no lo hace, el acreedor no tiene otro mecanismo que el de acudir a un ente, el Estado, y dentro de éste, los juzgados y tribunales, que fuerce al deudor al cumplimiento de su obligación. El Estado debe proporcionar al acreedor los instrumentos necesarios para que pueda obtener eficazmente aquello que le haya sido reconocido por resolución judicial o por documento que, con arreglo a la ley, lleve aparejada ejecución. Por ello puede definirse el proceso de ejecución como aquella actividad de carácter jurisdiccional por la que, utilizando los mecanismos coactivos establecidos legalmente, se realiza el derecho del acreedor al cumplimiento de la prestación en que la obligación consista u otra que sustituya la incumplida.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, como establece la propia exposición de motivos, establece una regulación unitaria del proceso de ejecución, si bien existen algunas diferencias en atención a la naturaleza judicial o extrajudicial del título en que se base, como veremos al desarrollar la necesidad o no de requerimiento de pago o las causas de oposición a la ejecución, amen de mantenerse especialidades en la ejecución de bienes hipotecados o pignorados.
La ejecución, tratándose de títulos judiciales, se configura además como un proceso independiente y no como una fase de un declarativo anterior.
La actividad de ejecución tiene un evidente carácter jurisdiccional ya que se realiza por órganos jurisdiccionales, como ponen de relieve, entre otros, los artículos 117.3.° de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando dicen que « El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan».
De la lectura de los artículos 117.3.° de la Constitución Española y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se desprende que la actividad de ejecución es una actividad procesal y, como tal, sometida al principio de legalidad, ya que ha de sujetarse a las normas de procedimiento que las leyes establezcan.
Algunos han sostenido que la facultad o competencia de ejecución no es exclusivamente jurisdiccional y citan al respecto que en el orden jurisdiccional contencioso administrativo la ejecución de la sentencia se lleva a efecto por el órgano administrativo que dictó el acto o disposición impugnados, pero ello no es en modo alguno así, pues una cosa es la potestad de hacer ejecutar lo juzgado y otra distinta la carga de cumplir, que es lo que se atribuye a la Administración. Que ello es así se desprende claramente del contenido del artículo 103 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando, entre otros extremos, dice que: «La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o única instancia» o que « Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto».

Resumen

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