La conformación del sistema internacional de derechos humanos marcó un antes y un después en la historia del Derecho y en la garantía de las libertades fundamentales. Sin embargo, los hechos que presenciamos hoy nos recuerdan que no basta con proclamar la defensa del multilateralismo o reafirmar, de forma programática, la confianza en el sistema de Naciones Unidas. Es necesario actuar con coherencia, por ejemplo, garantizando en el ordenamiento jurídico español la ejecutabilidad de los dictámenes emitidos por los distintos Comités de Naciones Unidas.

Solo así podremos avanzar hacia la construcción y consolidación de una cultura del Estado de Derecho que garantice la resiliencia de nuestra democracia. La seguridad jurídica es condición indispensable para que otros valores fundamentales puedan ser preservados. Es el principio que subyace a aquellas decisiones capaces de trascender coyunturas fácticas para salvaguardar los derechos reconocidos.

Defender nuestras instituciones y valores democráticos es una responsabilidad compartida. Desde la sociedad civil cumplimos con nuestro deber y exigimos a los poderes públicos que actúen conforme a los compromisos internacionales asumidos, que refuercen la seguridad jurídica, consoliden el Estado de Derecho y protejan nuestra democracia.

Desde otro prisma, no podemos obviar el papel relevante que adquiere la protección de las víctimas para asegurar que cesen en su condición de víctimas propiciando mecanismos de reparación.

Con este trabajo, queremos contribuir a una mejor comprensión de la relevancia que tiene hoy la ejecución de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas para la defensa del multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.