Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho penal de nuestro tiempo, tanto en España como en los países de nuestro entorno, es el de sostener una protección eficaz del Patrimonio Histórico y los bienes culturales, conforme a una lectura constitucional de ambos conceptos que los asocie, ineludiblemente, con aspectos tan esenciales de nuestra convivencia como la ordenación territorial, el acceso y disfrute de la cultura, el orden socio económico o con algunos derechos fundamentales de los ciudadanos que se desprenden de su relación, individual o colectiva, con el entorno histórico en el que todos estamos inmersos.
Materia tradicionalmente olvidada por el legislador penal, el paso del tiempo ha demostrado la necesidad de que se articulara una nueva categoría de protección con la publicación del Código Penal español de 1995. Esta regulación, sin embargo, ha seguido lastrada por graves e incomprensibles defectos técnicos e incoherencias de todo tipo que dificultan su aplicación y una interpretación pacífica sobre un aspecto de particular trascendencia para España, como es la protección de su riqueza arqueológica y monumental. Se propone un análisis amplio de la protección de los bienes arqueológicos y, en especial, de sus yacimientos que, concebidos como fuentes de información científica de incalculable valor, han sido con frecuencia centro de polémica y siguen ofreciendo problemas o retos interpretativos para el jurista que hubieran sido impensables hace pocos años.
Partiendo de la percepción social que determinó la consagración constitucional de los bienes culturales, el autor lleva a cabo un análisis actualizado de la norma penal que los defiende y de sus complejas relaciones con otras parcelas del ordenamiento jurídico resaltando, al mismo tiempo, un breve bosquejo de las nuevas utilidades y controversias que suscita la dimensión arqueológica en las sociedades de nuestro tiempo como uno de los elementos conformadores de su futuro.