La configuración del procedimiento administrativo, las garantías del mismo para la protección de los intereses públicos y para el respeto de los derechos de los interesados, ha sido siempre un tema especialmente relevante del Derecho administrativo, y lo sigue siendo en nuestros días con renovados motivos, en un contexto como el actual caracterizado por la formación progresiva de un Derecho público europeo. Como es sabido, los actuales entornos de complejidad e incertidumbre en la toma de decisiones pertenecientes a múltiples ámbitos de la actividad administrativa apuntan precisamente a la necesidad de potenciar unos procedimientos satisfactorios desde todos los puntos de vista. Esta cuestión no se puede desconectar de la proterior garantía jurisdiccional frente a las decisiones administrativas. ¿Es conveniente acentuar las garantías del procedimiento administrativo trasladando las existentes en la vía jurisdiccional? ¿Es necesaria esta jurisdiccionalización del procedimiento administrativo? ¿Sería conveniente o necesaria sólo en determinado tipo de decisiones administrativas? ¿En qué circunstancias y con qué límites? ¿De qué garantías se trata concretamente? ¿Qué argumentos concretos justifican adelantar determinadas garantías al procedimiento administrativo o considerar suficiente su presencia en la vía jurisdiccional? ¿Repercute todo ello en la apreciación del grado o intensidad de control necesario por parte de los órganos jurisdiccionales de las decisiones administrativas? ¿En qué términos?. La presente monografía, especialmente dirigida a los interesados en los aspectos teóricos y prácticos de la formación de un Derecho europeo con un importante componente jurisprudencial en esta materia, aporta elementos de reflexión para ofrecer soluciones, al menos parciales, para estos interrogantes y otros relacionados con los mismos. Y lo hace desde las perspectiva concreta de lo que en este campo aporta la jurisprudencia del TEDH en su labor de aplicación y de interpret