La entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, por mandato de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, ha supuesto una auténtica revolución en un frágil edificio jurídico que parecía definitivamente apuntalado. El principio de exclusividad de tales Juzgados en el conocimiento de causas relacionadas con lo que la propia ley define como violencia de género no ha impedido sin embargo la convivencia con los Juzgados de Instrucción de Guardia, en una difícil y confusa relación que es objeto de un profundo análisis en el presente trabajo. El autor, sin embargo, aprovecha la ocasión para realizar un estudio completo de las repercusiones jurídico procesales derivadas de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tanto desde el punto de vista de sus competencias civiles y penales, como de las especialidades procesales derivadas de su naturaleza orgánico procesal, y en concreto en cuanto respecta a las órdenes de protección y medidas de protección y aseguramiento. Termina la obra con un análisis de la participación que en tales procedimientos tienen las dos figuras cruciales en dicho contexto de exclusividad jurisdiccional: la víctima como potencial fuente y medio de prueba y a su vez parte, y el abogado de los turnos específicos de violencia de género. Cuenta, por último con prácticos formularios sobre actuaciones del Juzgado de Guardia a prevención y en sustitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, órdenes de protección, y tramitación de cuestiones de competencia entre unos y otros.