La justicia no puede solucionar todos los problemas y decir a la vez la verdad científica, histórica, definir el bien político y hacerse cargo de la salvación de las personas. No puede hacerlo, y no debe, a riesgo de hacernos caer a todos en un infierno procedimental frustrante, estéril y destructor que nadie puede desear. La justicia nunca nos desembarazará de la confusión de la política, pero anima a inventar una nueva cultura política. Ha pasado a mejor vida nuestra vieja cultura republicana, que gustaba de promulgar leyes, pero no de respetarlas y que ordenaba la práctica de sus instituciones sobre la hipótesis de un orden judicial débil y sometido. He aquí que los jueces, estimulados por un poderoso consenso, pretenden aplicar todas las leyes y ejercer plenamente su función. Toman al legislador al pie de la letra y quieren hacer que corresponda su papel real con su papel pregonado. Esta revolución cultural está en marcha, y quizá no nos damos cuenta de ello, como tantas veces, hasta el momento en que está parcialmente consumada. Las instituciones francesas están en medio del vado, y los vicios de nuestro sistema, más que proteger al Estado, aceleran más este giro judicial de la democracia. La salvación vendrá de nuestra capacidad para favorecer la claridad de los procedimientos, para encontrar la certeza de la norma y para estimular la responsabilidad de los actores. Ante la incertidumbre de la norma, la política ha de empeñarse en hacer que se correspondan mejor las denominaciones, las misiones y los estatutos para acabar con la hipocresía actual. Esta perjudica solamente a las instituciones políticas: Causa un perjuicio al lenguaje mismo, es decir a la institución de las instituciones.