El Principio Ético es algo real, objetivo, ineludible. No es una propuesta, un ruego dirigido al Estado para "implorarle" de rodillas tenga a bien considerar, "si le parece conveniente", admitir o no la Moral como centro de su esencia. ¡No!: es un imperativo constitucional que el Estado debe acatar, pues implanta la obligatoriedad jurídica de la obligatoriedad moral. Por mandato constitucional, el Principio Ético no sólo debe regir sobre todas las actuaciones del Estado, sino también sobre el ordenamiento jurídico en su totalidad y sobre el comportamiento del funcionario público. Por consiguiente, cualquier actuación de los poderes públicos puede ser impugnada cuando ha sido violado el Principio Ético y, del mismo modo, los funcionarios que lo quebranten pueden ser enjuiciados y sancionados conforme a la Ley Moral, por vía del Derecho. Por esta razón, el Principio Ético debe ser analizado, para establecer los elementos que lo integran; interrelacionado con otros Principios constitucionales y, más aun, asumido como base de un nuevo concepto de Estado, que es el Estado Ético de Derecho, grada superior a la del Estado de Derecho. En fin, se requiere realizar una visión de conjunto que nos haga captar y comprender en toda su plenitud el Principio Ético, cuya consagración expresa, en la Ley Fundamental de la República, coloca a nuestro país a la cabeza de los Estados que buscan el reajuste con el nuevo milenio. Se trata de una institución a la cual debemos abrir caminos, luchando contra el peso muerto de la dogmática y la tendencia al menor esfuerzo. Precisa de hombres y mujeres de espíritu joven, amplio, desprejuiciado, receptivo, dispuestos a liberarse de la rutina para abocarse al estudio de nuevos planteamientos, capaces de actuar como el "filósofo" de Faraday: deseosos de escuchar toda sugerencia, elevando como primer objetivo la verdad... Así, pues, es necesario que quienes creen en la Moral se detengan a pensar en estas razones en lugar de precipitarse a descalifi