El objeto de estudio está constituido por una serie de disposiciones del Código Penal español que tienen una característica en común: prevén rebajas o exenciones de pena para los intervinientes en algunos delitos económicos y de corrupción que colaboren con las autoridades o reparen el perjuicio causado. Su razón de ser es estimular a sus potenciales beneficiarios a realizar determinadas conductas útiles. De ahí que se les haya denominado "incentivos". La estrategia consistente en renunciar a la imposición de una pena merecida para conseguir determinados objetivos político-criminales ha sido criticada con frecuencia por la doctrina española. Uno de los argumentos más repetidos es el que destaca la escasa eficacia de los incentivos para cumplir su misión, algo que no es de extrañar si se atiende al confuso tenor literal de las disposiciones estudiadas en esta obra. Sin embargo, esa crítica no va apoyada de estudios empíricos que verifiquen si, efectivamente, los incentivos no han contribuido a reducir la cifra negra de las infracciones incluidas en su ámbito de aplicación, conseguir un mayor número de condenas por esos delitos o agilizar la reparación del daño. La presente investigación pretende arrojar algo de luz en lo que se refiere a esta cuestión. En la primera parte del trabajo, se expone la génesis parlamentaria de los incentivos que constituyen el objeto de estudio y se realizan ciertas propuestas interpretativas de su tenor literal teniendo en cuenta su proceso de creación y su aparente finalidad. En la segunda, se exponen los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo de una muestra de 178 Sentencias del Tribunal Supremo para tratar de comprobar si, efectivamente, las críticas que apelan a la escasa eficacia de los incentivos resultan convincentes o no. El trabajo se cierra con algunas reflexiones acerca de la fuerza de convicción de ese argumento y ciertas propuestas tendentes a mejorar los resultados de las disposiciones constitutivas del objeto de estudio.