Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la Unión Europea busca aumentar su visibilidad y autoridad a través de un marco institucional uniforme. La elección de la Alta Representante de la Unión y el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior son instrumentos que permiten a la Unión moverse más allá de su introspección institucional y concentrarse en reforzar la identidad europea y su independencia para promover la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo. Aún está por comprobar que la nueva estructura facilite la realización de este gran objetivo. Nuestro análisis legal puede sin embargo dilucidar las opciones constitucionales que subyacen. Mientras que el Tratado de Lisboa reconoce el carácter ejecutivo de la política exterior de la Unión, no deshace sin embargo la dicotomía entre la acción exterior supranacional y la Política Común de Seguridad y de Defensa. Con respecto a la primera, el Tratado de la UE preserva un intergubernamentalismo legal e institucional que abre un nuevo capítulo en el debate sobre el déficit de legitimidad de la Unión.