Antes de que la banca internacional invierta dinero en una mina o en un campo petrolero, la banca revisa de dónde proviene el mineral y quién recibe la renta. La banca internacional también examina hasta qué punto el operador responde por lo que hacen sus contratistas. Estas exigencias provienen de un conjunto de normas que se creó fuera del derecho nacional de los países productores. Estas normas obligan de formas diferentes a las leyes. Los estudios mencionados se ocupan de estas normas. El análisis incluye el Estándar EITI, las guías del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre evaluación de programas de cumplimiento corporativo, las directrices de debida diligencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los instrumentos ambientales que se adoptan de forma voluntaria. La reforma venezolana de 2026, con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Minas, se presenta como un caso de estudio. El caso de estudio muestra con qué facilidad un sistema legal puede parecer cumplido por sí mismo y al mismo tiempo estar fuera del alcance del financiamiento internacional. Creemos que cumplir con la ley nacional ya no es suficiente para el operador. El libro termina con una hoja de ruta que se puede aplicar en cualquier jurisdicción con alto riesgo. La hoja de ruta incluye las preguntas que haría un comité de inversión y las respuestas que el operador debería tener documentadas.