El sistema penal que hemos conocido hasta ahora estaba pensado para la persona física y construido sobre la base de las relaciones causales. Los delitos dicen nuestros códigos son acciones u omisiones. Sin embargo, sobre esos presupuestos no es posible extender la responsabilidad penal a comportamientos que, en ocasiones no realiza el ser humano y que no pueden ubicarse ni en el tiempo ni en el espacio. La aparición del internet da al traste con los criterios de territorialidad y se compadece mal con el principio según el cual los delitos resultan cometidos allá donde se produce la acción o con el criterio clásico de la dimensión temporal del delito, según la cual se entiende producido en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el resultado. La cibercriminalidad y sus consecuencias directas o colaterales para el sistema penal son de tal magnitud que el mundo del derecho tampoco ha sido capaz de reaccionar a tiempo. Es necesario que hagamos un gran esfuerzo por asegurar que estos cambios vertiginosos en el ordenamiento jurídico con el objetivo de luchar contra esta criminalidad no terminen convirtiéndose en una coartada para consolidar unas políticas criminales empeñadas en limitar el acceso de las personas a sus derechos. Con este panorama la obra, que va a comenzar a leer, tiene el valor añadido de reflexionar sobre estas reformas, estas nuevas tipificaciones desde la visión crítica de unos juristas comprometidos con las exigencias de un Estado de Derecho.