La finalidad del trabajo es determinar el significado actual de la noción de estabilidad presupuestaria en el Derecho Comunitario y su incidencia en el derecho del gasto público en España. El punto de partida es el papel del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997), y sus diversas reformas (2005) como elemento central de la formación de una Constitución económica europea que ha transformado las Constituciones económicas de los Estados miembros. La Unión Monetaria Europea ha contribuido a que se conforme un reparto de funciones inédito en los Estados de nuestro entorno, con la escisión de las políticas monetaria y económica, quedando la primera en manos del Banco Central Europeo, mientras que la política económica está en manos de los Estados miembros, si bien en la práctica crecientemente intervenida por las instituciones comunitarias, hasta el punto de que en muchos ámbitos no puede ya hablarse, estrictamente, de política económica ni presupuestaria de los Estados. La estabilidad refleja la preocupación por el déficit público que ocupa buena parte del siglo pasado, pero implica también una solución de compromiso entre distintas visiones de la política económica cuya interpretación plantea numerosas interrogantes, que se han ido poniendo de manifiesto en los últimos diez años. Las normas integrantes del Pacto han supuesto una sustancial transformación del Derecho presupuestario y del gasto en un país como España, sin una tradición de control del déficit y del endeudamiento, y con un profundo nivel de descentralización competencial. Las consecuencias para el Derecho constitucional español y para el Derecho presupuestario son sustanciales y numerosas. Entre otras; en primer lugar, la estabilidad presupuestaria incide y transforma la regulación constitucional del Presupuesto (art. 134 Constitución, CE), así como sobre los principios reguladores del gasto público (31.2 CE). En segundo lugar, se ha producido una auténtica redistribución de competencias financieras entre el Estado y los entes subcentrales (Comunidades autónomas y Entidades locales). En tercer lugar, la estabilidad ha implicado una redefinición del concepto de sector público, precisamente para evitar las maniobras de elusión de las nuevas exigencias de control del déficit. En cuarto lugar, se ha producido una transformación sustancial del ciclo presupuestario tradicional, implicando también una redistribución de funciones entre el Parlamento y el Gobierno, así como una reorientación de los procedimientos de control del gasto público.