La obra está estructurada en dos partes, organizadas en cinco capítulos y una síntesis general. La primera parte (cap. 1-3), contiene un detallado análisis de los elementos y circunstancias que facilitan el blanqueo de capitales producto de la corrupción, con una especial referencia al caso suizo, su doctrina, legislación, jurisprudencia y autorregulación bancaria relacionada a su secreto bancario son objeto de un estudio detallado. Su autora concluye de manera adecuada que los centros financieros offshore (CFOs) están en el deber de tomar las acciones necesarias para evitar ser el puente entre el sistema financiero internacional y la delincuencia organizada, particularmente en materia de blanqueo de dinero y corrupción transnacional. De no hacerlo oportunamente, los CFOs deberían responder civilmente por los daños ocasionados al país objeto de saqueo y a su población.Su segunda parte (cap. 4-5, síntesis general) está dedicada a la recuperación internacional de activos producto del delito, el procedimiento según el ordenamiento jurídico suizo y los casos de estudio de jurisdicción helvética. En esta, la autora cuantifica la suma total restituida según la práctica suiza en un periodo de aproximadamente treinta y cuatro años. Examina a su vez soluciones jurídicas y sociopolíticas en los procesos de restitución de fondos derivados de corrupción internacional y presenta sus conclusiones, poniendo énfasis en las dificultades para rastrear y encontrar los frutos de la corrupción. La obra enfatiza el desbalance en estos procesos cuando el patrimonio público saqueado pertenece a países con graves problemas de gobernanza. Esta obra proporciona las bases para que los Estados reflexionen sobre la relevancia de este tema y ejecuten las reformas legales necesarias y plantea alternativas destinadas a mejorar la cooperación internacional entre los Estados de los que proceden los fondos y los CFOs (como Suiza) donde reposan los fondos. No obstante, como bien señala la obra, el éxito de un proceso de recuperación internacional de activos derivados de la gran corrupción está sujeto a la voluntad política por parte de los Estados requirente y requerido para alcanzar este objetivo.