Cómo y por qué la izquierda gobernante plantea un ataque a la independencia del poder judicial, a los medios de comunicación, a la Monarquía parlamentaria y a todos los consensos de la transición

El nacionalismo catalán llevaba décadas trabajando sin descanso para separar Cataluña del resto de España. Pero ese proceso se aceleró entre 2012 y 2017, los años del procés. Sin una mayoría social, sin ningún apoyo internacional y sin el amparo de la legalidad, era evidente que el proyecto estaba condenado al fracaso. Aun así, los líderes independentistas arrastraron a la población hacia la inestabilidad, destruyendo sectores clave de la economía y paralizando la actividad política real.

Años más tarde, nos encontramos con que el resto de España ha importado muchos de los rasgos del procés: la omnipresencia de intelectuales y tertulianos que solo pretenden polarizar, un Gobierno incapaz de gestionar que oculta su ineptitud acusando a los rivales de conductas imaginarias o el desprecio por la gestión económica y las políticas de prosperidad.

Una buena parte de las élites parece haber asumido esta estrategia, a pesar del daño evidente que causó en Cataluña. Y parece haberlo hecho sin pensar en el gravísimo, y quizá irreversible, perjuicio para las instituciones, la convivencia y la concordia.

El proceso español es una honda reflexión sobre el populismo, la crisis de la democracia liberal y el sanchismo en España, pero también un ensayo de combate que llama a la ciudadanía a movilizarse y defender los logros de los últimos cuarenta años de democracia exitosa.