La vigencia del principio de legalidad constituye una de las garantías básicas sobre las que se sustentan la división de poderes y el buen funcionamiento de un Estado de derecho. Su proyección al ámbito del derecho procesal explica por qué, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de tradición continental, la regulación de los procesos judiciales se encomienda primordialmente a las leyes aprobadas por el Parlamento.

Desde una perspectiva más funcional u operativa, la vigencia del principio de legalidad procesal resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica de quienes intervienen en un proceso jurisdiccional. En efecto, uno de los principales valores de la exigencia de lex praevia y lex certa en materia procesal reside en proporcionar a los sujetos un entorno de seguridad jurídica en el que puedan gestionar adecuadamente sus expectativas.

La seguridad jurídica, entendida como predictibilidad, implica que la ley procesal permite determinar: (i) qué puede o no hacer cada sujeto, con sujeción a qué requisitos y con qué consecuencias, y (ii) qué pueden o no hacer los demás en términos equivalentes. Esta determinación es indispensable para diseñar una estrategia de actuación que permita a un sujeto diligente obtener el máximo rendimiento procesal posible de todos los elementos fácticos y jurídicos favorables a sus pretensiones. Así, la adecuada gestión de las expectativas en un entorno de seguridad jurídica se convierte en una de las claves del derecho a un proceso justo.

Desde esta perspectiva, que sitúa la utilidad del mandato de legalidad procesal al servicio de la seguridad jurídica de los protagonistas del proceso, el propósito de este libro es llamar la atención sobre diversos fenómenos que pueden desvirtuar dicho principio y que responden a tendencias aparentemente cada vez más generalizadas. Entre ellas destacan la utilización de la ley procesal para gestionar emociones colectivas; el abandono de la regulación legal, acompañado de una delegación implícita en los principios jurídicos y en la jurisprudencia; la deslegalización de aspectos aparentemente menores del proceso; la irrupción del soft law como fuente del derecho procesal; y, por supuesto, la contractualización del proceso.
El objetivo no es demonizar estas tendencias sin más, sino advertir de los riesgos potenciales que entrañan para la seguridad jurídica que necesitan los protagonistas del proceso, especialmente si se tiene en cuenta que son sus derechos e intereses los que verdaderamente están en juego.