Nos podemos referir al hecho de que, en todo ordenamiento jurídico, general y particular, existen instituciones gestionadas por los poderes públicos que condicionan la vida de los sujetos privados y de las relaciones jurídico-privadas. Pero este rasgo estructural existe desde siempre, es decir, desde cuando, para usar una noción de los politólogos alemanes contemporáneos, se forman las sociedades "culturales". Está claro que la regulación de la moneda (emisión y circulación) no puede sino expresarse en instituciones públicas centralizadas y con autoridad, y que la moneda es un bien (mercancía) de relevancia primaria para cada uno de los componentes de la colectividad. Está claro que la defensa militar -y también la ofensiva militar- no puede dejar de competer a los poderes públicos centralizados, como actividad -todavía hoy- necesaria y con autoridad, y que su desarrollo incide de forma muy gravosa sobre los componentes de la colectividad. Iguales constataciones pueden hacerse con relación a la potestad impositiva, la potestad punitiva y la potestad de certificación.